El sector de la energía renovable en España se encuentra preocupado ante la posible reforma energética que el Gobierno ha planteado. Tanto es así que son 23 las asociaciones que han suscrito un comunicado conjunto para manifestar la «deslocalización o desaparición» a la que consideran «aboca» la reforma, alegando unos «efectos devastadores» con los nuevos impuestos planteados.
Además de ello, desde el sector se apunta a unos 111.000 empleos en peligro con motivo de la «paralización» del sector y las consecuencias de avanzar hacia una normativa que cree «inseguridad jurídica y retroactividad» que «multiplicarán los contenciosos» con la Administración.
Desde este sector protestan también desde la moratoria de enero, considerando que «no podrán soportar nuevas tasas» y por tanto, se «pondrá en serio peligro» una actividad en la que «hasta hace poco España era líder mundial».
Entre los firmantes del comunicado figuran la asociación de referencia del sector de renovables, APPA, así como las más destacadas en la actividad fotovoltaica, UNEF, y termosolar, Protermosolar. Una firma que se ha visto precipitada por el hecho de que la nueva reforma incumpla los objetivos de energía renovable comprometidos con Europa. Esto conllevará también el incremento de la dependencia energética y limitará el aprovechamiento de uno de los mercados con mayor crecimiento mundial.
Los afectados aseguran que los impuestos gravarán en 1.180 millones de euros anuales la actividad de este sector, que según afirman, se encuentra «muy castigado» por los recortes y la moratoria.
«De materializarse las medidas anunciadas, las tecnologías renovables verán aumentados sus gravámenes hasta situaciones absolutamente insostenibles y se vulnerará además el principio de rentabilidad razonable recogido en la Ley del Sector Eléctrico», lo que hará que «crezcan exponencialmente las reclamaciones judiciales y que se multipliquen los numerosos contenciosos que tendrá que afrontar el Gobierno español», afirman el comunicado.
«El Gobierno, consciente de que está realizando una expropiación de derechos, compensa al régimen ordinario aumentando la vida de sus concesiones hidráulica y nuclear», pero «no actúa con el mismo rasero con las renovables, para las que no arbitra compensación ni justiprecio alguno», lamenta el sector.
Además de los nombrados APPA, UNEF y Prototermosolar, el comunicado está firmado por:
- ACER (Asociación Canaria de Energías Renovables)
- Acluxega (Asociación Cluster da Xeotermia Galega)
- Aebig (Asociación Española del Biogás)
- Aemga (Asociación de Energía Minieólica de Galicia)
- AEPA (Asociación Eólica del Principado de Asturias)
- Aeversu (Asociación Empresarial de Valorización de RSU)
- Aifoc (Asociación de Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica sobre Cubierta)
- Aprean (Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía)
- Apuee (Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica)
- Aremur (Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia)
- Aserma (Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas)
- ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica).
- Avaesen (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía)
- Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa)
- Cluster Ricam (Cluster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias)
- Donostia Sustapena (Cluster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Donostialdea)
- EGA (Asociación Eólica de Galicia)
- Eolicat (Associació Eòlica de Catalunya)
- Giwatt (Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa)
- Solartys (Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Solares).
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