El pasado 11 de septiembre el Parlamento Europeo votó a favor de la aprobación de la nueva Directiva de Eficiencia Energética, una norma muy esperada por su impacto económico y medioambiental. El objetivo de esta Directiva ha sido la creación de un marco común de medidas para el fomento de la Eficiencia Energética que permitan asegurar que los países de la Unión Europea conseguirán el 20% de ahorro energético ya comprometido con anterioridad en la Directiva “Triple 20”. Esta nueva Directiva deberá estar transpuesta a las legislaciones nacionales de los Estados Miembro en un plazo máximo de año y medio.
El Parlamento ha vuelto a poner al sector público en el punto de mira, considerando su papel ejemplarizante, por ello, la Directiva obliga a los Estados Miembro a llevar a cabo cada año una renovación de al menos el 3% de los edificios públicos de más de quinientos metros cuadrados, superficie que se reduce a la mitad a partir de julio de 2015. Las mejoras en estos edificios deberán contemplar, como mínimo, los requisitos de rendimiento energético fijados en la Directiva 2010/31/UE.
Además, la Comisión Europea, poniendo como fecha tope junio de 2014, evaluará los progresos realizados por cada país.
Entre otras medidas, cabe destacar la imposición de auditorías energéticas obligatorias a grandes empresas así como planes de ahorro a las compañías energéticas. Estos últimos, no podrán ser inferiores al 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020.
La Directiva hace claro énfasis en la promoción de tecnologías eficientes como la cogeneración, siendo obligatoria su valoración para instalaciones con más de 20 MW de potencia térmica. También marca como obligación la implantación de contadores de consumo individuales, que deberán instalarse antes del 31 de diciembre de 2016, que midan el consumo de calor o refrigeración o agua caliente de cada unidad.
Los datos económicos de mayor impacto, referentes a la situación energética europea, han sido los transmitidos por el eurodiputado Claude Turmes, quien destacó la gran dependencia energética de los Veintisiete: sólo en 2011 el gasto en importación de energía (gas, petróleo y carbón) fue de 480.000 millones de euros, el 4 % de su PIB. La reducción de un 20% del consumo energético en la Unión Europea, supondría un ahorro de 50.000 millones de euros al año. Esta Directiva y las normativas nacionales que en cada país se deriven de ella, deberán suponer no sólo una mejora en la estrategia contra el cambio climático, sino también un aumento de la seguridad energética dentro de la Unión Europea, así como un impulso a la economía y a la creación de empleo.
