A principios de marzo de 2019, la Comisión Europea remitía a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber traspuesto (hasta ese momento) a la normativa nacional la obligación europea de que los edificios con sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de uso comunitario incorporen contadores individualizados para cada vivienda.
¿Qué es necesario cambiar?
La normativa europea específica que están obligados a instalar los contadores todos los edificio «cuando sea técnica y económicamente viable».
Si no es así, la Comisión Europea recuerda que en su lugar deben utilizarse repartidores de costes de calor; unos dispositivos de medición que se instalan en cada radiador.
¿Por qué se recurre al Tribunal de Justicia de la UE?
La medida sobre individualización de consumos se incluye en la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética y tenía haberse traspuesto antes del 5 de junio de 2014.
Para intentar que se dieran los pasos necesarios para su transposición, se llegó a establecer que el incumplimiento se consideraría una infracción grave, sancionada con una multa de 1.000 a 10.000 euros.
¿Qué beneficios tendría para España aprobar la normativa?
Según estudios realizados por la Asociación Europea de Repartidores de Costes de Calefacción (EVVE), la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), y según recomendaciones del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), el ahorro potencial que se obtiene en una instalación de calefacción central en un edificio de viviendas, tan sólo por la instalación de un sistema que permita la contabilización individual de la calefacción puede llegar a ser de hasta un 30%.
Si al sistema de contabilización se le complementa a su vez con la posibilidad de regulación mediante válvulas termostáticas el ahorro puede ser incluso mayor.
¿Cómo adelantarse y actuar para optimizar las instalaciones?
La instalación de contadores o repartidores de costes para individualizar el consumo de calefacción central debe realizarse siempre por profesionales acreditados.
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Fuentes: El Economista, AERCCA
