Cada vivienda que se vende o se pone en alquiler en España debe contar con un certificado energético que la evalúe y lo hace catalogándola con una letra que va de más eficiente (A) a menos (G).

Cumplido el primero aniversario de la normativa, los datos que facilita el  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) llevan a la conclusión de que nuestro parque inmobiliario derrocha energía. Así, el grueso de las casas certificadas en España está en la parte baja de la escala: el 45% son ‘E’ y el 28% son ‘G’ y sólo una 4,3% son certificados con las letras A, B y C.

En el informe de uno seis folios en el que se evalúa la vivienda, el técnico tiene en cuenta la envolvente -que incluye la orientación y zonas de sombra- los muros de fachada y particiones interiores, puertas y ventanas por donde pueda escapar el frío y el calor. Y, por otro lado, la calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. También, la orientación y antigüedad.

Uno de los principales motivos de que gran parte de las viviendas españolas suspendan en eficiencia, según el Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, es el aislamiento térmico con el que éstas cuentan ya que la mitad de nuestro parque inmobiliario (unos 25 millones) se ha construido con una normativa que no exigía aislar.

Asimismo, la mayoría de las viviendas con letra G tienen una caldera antigua que gasta en exceso. La de condensación es la más eficiente del mercado porque aprovecha el calor producido en la combustión y permite ahorros de hasta el 30% en el consumo. Por otro lado, los termostatos para regular la temperatura y los repartidores de calor cuando se trata de calderas centralizadas.

Se puede cambiar la calificación de un piso interviniendo en éstos . De hecho, los técnicos deben aconsejar medidas de mejora y especificar cuánto cuestan.