Según un informe elaborado por el Ministerio de Industria, la mayoría de los inmuebles españoles suspenden en eficiencia energética. Tras examinar la situación de más de un millón de viviendas, el resultado es que un 84% de los inmuebles obtienen una baja calificación energética (letras E, F o G).
Aunque es cierto que la inmensa mayoría de las viviendas son antiguas, y están construidas antes de que entrara en vigor el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), el informe también señala que existe un grupo de nuevas viviendas con una calificación E o inferior.
Así, de los 13.145 edificios nuevos que se han evaluado, un 42% obtiene una calificación E o inferior y un 33% aprueba por poco al lograr un rango D.
Los expertos señalan varias razones que explican el bajo nivel de eficiencia energética de los edificios, entre ellas, que durante gran parte del “boom” inmobiliario previo a la crisis no existía un Código Técnico de la Edificación tan exigente como el actual, sobre todo en lo que se refiere al aislamiento de los edificios.
Otros de los motivos que penalizan la eficiencia energética de los edificios es la falta de inversión en energías renovables, como placas solares o calderas de biomasa; aspectos que puntúan muy favorablemente a la hora de tramitar la certificación.
Dada la elevada dependencia energética que sufre España, la mejora de la eficiencia energética se señala como un aspecto fundamental a mejorar para cambiar esta situación.
Desde junio de 2013 es obligatorio disponer de un certificado de eficiencia energética para poder vender o alquilar una vivienda. Debe ser realizado por un “técnico competente” y, además de la calificación del edificio, debe incluir recomendaciones para corregir u optimizar el rendimiento energético del inmueble. Para su aprobación, el certificado debe presentarse al órgano competente de cada comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificio.
Como novedad, este año entrará en vigor la normativa por la cual los inmuebles públicos, cuya superficie útil sea de 250 metros cuadrados o más, deben someterse a este ‘test’ energético (hasta ahora solo era obligatorio evaluar inmuebles de más de 500 metros cuadrados).
