A tenor de las cifras de los últimos informes, la eficiencia energética y una correcta gestión energética de las instalaciones, se han convertido en un instrumento indispensable para tratar de paliar la pobreza energética que crece en nuestro país.
Según la última edición del informe Economics for Energy, la crisis económica de los últimos seis años ha aumentado la brecha existente entre las rentas más altas y más bajas lo que, a su vez, ha provocado que se triplique el número de familias en situación de pobreza energética.
Los autores del informe señalan que la pobreza energética afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos. Entre 2007 y 2013 se ha incrementado la pobreza energética en los hogares cerca del triple (del 3,60 al 9,88%), llegando a afectar a uno de cada diez hogares.
A esta situación hay que sumarle el aumento de los precios de la energía; se calcula que entre los años 2007 y 2014 la factura del gas natural llegó aumentar un 35% tanto por el afloramiento de costes como por la inclusión en la tarifa de conceptos derivados de varias políticas energéticas.
Por comunidades autónomas, las que registran un mayor nivel de pobreza energética son Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%). Por el contrario, País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las comunidades en las que el nivel de pobreza energética es menor.
Otra de las conclusiones relevantes que plantean los autores del análisis es la necesidad de replantearse los indicadores europeos que actualmente miden qué hogares sufren la pobreza energética y cuáles no.
En este sentido, en Europa el indicador más común es el “umbral 10%”, que solo considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando sus gastos de energía superan el 10% de los ingresos. Sin embargo, con este indicador, familias de rentas altas que realicen un consumo energético excesivo pueden aparecer como pobres energéticos.
Por ello, abogan por tomar como indicador el estándar mínimo de ingresos (minimum income standard); es decir, la renta precisa para disponer de las oportunidades necesarias para no encontrarse en situación de exclusión social. Con esta base, se calcula que casi el diez por ciento de los hogares españoles (1,8 millones de familias) se encontrarían en situación de pobreza energética.
Según la investigación el perfil de familia más vulnerable es el de una unidad familiar con hijos o familia numerosa, de ingresos bajos, que viven en régimen de alquiler, donde el cabeza de familia sufre una situación de inestabilidad laboral o se encuentra en paro.
